Subcomisión de Nacionalidad de la Comisión Delegada de Asuntos Civiles y de Participación

Informe del Coordinador a la Comisión Delegada

El Consejo General de la Emigración había pedido una Ley de Nacionalidad desde su iniciación en 1990. Pero ya más tarde y ante repetidos acuerdos en torno a este tema en los plenos de los años 1990, el Pleno de 2004 encomendó a un Grupo de Trabajo la elaboración de lo que se consideraba podría ser un proyecto de Ley de Nacionalidad. El Grupo se puso en marcha en una sesión previa al Pleno de 2005 en Santiago de Compostela. En ella preparó lo que entonces ya se llamaba una propuesta para elaborar una Ley de Nacionalidad y no simples modificaciones en el Código Civil. Fue aceptado como acuerdo del Pleno de ese mismo año. Aunque en los años siguientes no tuvo eco en el Gobierno y Parlamento, este acuerdo se fue renovando pleno tras pleno. En 2012, el Consejero Capellán redactó una propuesta (17/2012) que trataba de recoger todas las cuestiones de nacionalidad para pedir, de una vez para siempre, la elaboración de una verdadera Ley de Nacionalidad.

La Comisión Delegada de Derechos Civiles, reunida el 30 de abril de 2013, trató esta y otras propuestas presentadas por varios consejeros, y lo elevó como acuerdo para el Pleno de junio de 2013. Esta vez se buscaba con más ímpetu que se llevara adelante este proyecto. Se aprobó por gran mayoría y la Administración, como otras veces, lo remitió al Ministerio de Justicia.

Con gran sorpresa para los consejeros, especialmente en la Comisión Delegada, el Ministerio de Justicia respondió esta vez el 17 de septiembre de 2013, con una muy extensa respuesta que tomaba en consideración cada uno de los puntos del Acuerdo que había presentado el Pleno de Junio del mismo año. Este documento, en su conjunto, argumentaba que cada una de las peticiones que se habían desarrollado como ideada Ley de Nacionalidad en 2005, no tenían la base ni ofrecían los justificantes para que el Ministerio iniciara un proyecto de ley.

Este era el documento más extenso que el Ministerio había elaborado sobre este tema cuya solución el Consejo General había solicitado durante tantos años.

Aunque en su conjunto, el informe parecía desalentador, con todo, lo llamativo es que por primera vez nos entreabría una puerta. En su sección introductoria, página 2, dice el informe del Ministerio: “… se invita a ese Consejo a remitir a esta Dirección una propuesta de Ley de Nacionalidad, que suprima y reemplace los artículos 17 a 26 del Código Civil y contemple el conjunto de normas internas que lo desarrollan, para que, en su caso, se pueda proceder a su estudio y toma en consideración”.

Esto alumbraba un nuevo camino, y nos abría una nueva expectativa de que en un tiempo no lejano podríamos conseguir una verdadera Ley de Nacionalidad.

La Comisión Permanente tomó nota de esta mano tendida en su reunión del 28 de octubre de 2013 y refirió el tratamiento de este proyecto a la Comisión de Derechos Civiles y Participación. Ésta, en su reunión de junio de 2014, propone ya recoger todas las propuestas de nacionalidad recibidas hasta entonces, así como la recomendación del Ministerio de Justicia, y encomendarlas a una Subcomisión de Nacionalidad. No contenta con esto, decide que esa Subcomisión se debe crear de inmediato, allí mismo.

En esa misma sesión se elabora  la formación de la Subcomisión. El Presidente de la Comisión Delegada, Ángel Capellán, así como varios consejeros proponen a los Consejeros que la integrarían: Eduardo Dizy como Presidente del Consejo General; el Presidente de la Comisión Delegada Ángel Capellán; Francisco Ruiz, Consejero por Suiza, y Carmen Pérez, Consejera por el Perú. Al mismo tiempo se elige al Consejero Ángel Capellán como Coordinador de la Subcomisión.

La Comisión Delegada elaboró un acuerdo para crear esta Subcomisión, con los integrantes propuestos y aprobados en dicha sesión, y decide elevarla al Pleno de septiembre de 2014 quien lo aprobó con gran mayoría. El acuerdo resultante, también autorizaba que la Subcomisión designara a dos expertos para su grupo de trabajo, que trabajarían con voz pero sin voto. Eventualmente el Coordinador propuso a Don Luis Lamiel, consejero general desde 1990, y a la Doctora Aurelia Álvarez, catedrática de Derecho en la Universidad de León y reconocida experta en materia de nacionalidad.

En el otoño de 2014 y enero de 2015, el Coordinador presentó a los miembros dos elaborados proyectos de funcionamiento de la Subcomisión con calendarios, metas y actividades a considerar para su desarrollo.

Al fin, la Subcomisión se ponía en funcionamiento. Celebró una reunión inicial por videoconferencia el 12 de febrero de 2015. La Administración tuvo la amabilidad de hacer un acta de la misma.

Esto llevó a una reunión presencial en Madrid, los días 22 y 23 de marzo.

En dicha sesión, enseguida se reforzó nuestra impresión de que teníamos varias metas inmediatas como labor inicial:

  1. Definir cuáles eran los motivos para desarrollar una Ley de Nacionalidad. Esta se cumplió sobradamente con la Declaración que preparó la Subcomisión, titulada “Por qué necesitamos una Ley de Nacionalidad Española.” Se presentó a la Comisión Delegada que la aprobó y trasladó al IV Pleno de octubre de 2015 que aprobó como Acuerdo el texto íntegro. Esta Declaración se recoge en su totalidad en el Acta del IV Pleno mencionado.
  2. De igual manera, la Subcomisión observó que había un buen número de temas puntuales de nacionalidad que no podían ni deberían esperar a que se desarrollara y se aprobara en el Parlamento una Ley de Nacionalidad, algo que no se prevee pueda conseguirse un un plazo cercano. Por eso desarrolló otra propuesta de acuerdo que recogiera todas esas reivindicaciones puntuales, titulada “Modificaciones del Código Civil en Materia De Nacionalidad, 2015”.

De nuevo esta propuesta pasó a la Comisión Delegada la cual la trasladó al mismo IV Pleno de octubre, que la aprobó en esta misma sesión. El acuerdo, en su integridad consta en el Acta del Pleno.

En relación con este Acuerdo, la Subcomisión pensó que al acercarse el fin de la Legislatura, habría una posible puerta abierta para tratar de impulsar este Acuerdo por vía de urgencia. Lamentablemente el tiempo no perdona y estaba en nuestra contra. No conseguimos nuestra meta.

Todos conocemos los acontecimientos a partir de esos días finales de octubre de 2015, y la situación del Gobierno y Parlamento en casi todo el año 2016.

  1. Amén de estos dos proyectos, el Coordinador de la Subcomisión vio desde el principio que el modo más eficaz de asesorarse de los mejores expertos para incorporar sus opiniones y experiencia, sería la organización de un Simposio sobre una Ley de Nacionalidad. Esa búsqueda del asesoramiento de expertos había sido para empezar la recomendación del Ministerio de Justicia en su escrito de septiembre de 2013. Por ello se desarrolló un proyecto inicial de Simposio. Las mismas razones expresadas ya en el punto anterior impidieron cualquier posible desarrollo del proyecto del Simposio.
  2. La Comisión Delegada de Derechos Civiles y Participación, en su sesión de mayo de 2016, había decidido acoger una propuesta presentada por el Coordinador de la Subcomisión y a petición de sus miembros sobre la posible adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Nuestra experta, la Profesora Aurelia Álvarez, nos había sugerido que podría haber una puerta abierta de nuevo si se ponía en marcha la nueva Legislatura. La Comisión Delegada encargó a la Subcomisión la labor de estudiar esta posibilidad y presentarle un Acuerdo. Aunque la Subcomisión trató este tema de manera monográfica en su reunión presencial en Madrid el 20 de abril, y decidió que se redactara un acuerdo, posteriormente, y ante la situación permanentemente inestable del Gobierno y Legislativo durante buena parte del año 2016, la Subcomisión acordó que no era oportuno impulsar este tema, pues había otros temas de nacionalidad de mayor importancia que debíamos promover.

  1. En su reunión del 20 de abril de 2016, la Subcomisión consideró que se debería preparar un Informe describiendo su propio origen, desarrollo, y la labor que ha realizado desde su primera sesión por videoconferencia en febrero de 2015. Todos concurríamos que su vigencia estaba sujeta a la vigencia de la misma Comisión Delegada que la propuso y del Pleno que la estableció. Esta situación llega precisamente con el V Pleno del VI Mandato, con este informe que se somete al mismo y con el cual finaliza su funcionamiento.
  2. Con todo, y como conclusión final, se propone y pide al próximo VII Mandato del Consejo General y a la Comisión Delegada de Derechos Civiles y Participación que se establezca, que considere reactivar su labor y continuar con las metas para las que se creó inicialmente esta Subcomisión, con las posibles modificaciones que se crean oportunas, y con los miembros que en tal caso serían elegidos.

Se ruega al Pleno, que se conceda una oportunidad al Coordinador de la Subcomisión para dar lectura a este Informe en sus sesiones del 30 y 31 de enero.

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