El entorno de quien fuera el máximo promotor de la Posición común, el ex presidente José María Aznar califica el acuerdo de ‘ingenuo’

Los opositores cubanos refugiados en España también manifestaron malestar

Antes de que este próximo lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se sume públicamente al nuevo acuerdo en Bruselas, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes) y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) daban ayer un paso al frente para criticar la derogación del viejo compromiso de 1996, que condicionaba cualquier acuerdo político y comercial con la isla a la estricta observancia de los derechos humanos.

El pragmatismo ha sido clave en el giro adoptado por la Unión Europea, que ha acelerado la firma de la nueva Posición con la vista puesta en la inminente visita de Obama a La Habana, el 21 y 22 de marzo. En realidad, Bruselas llevaba ya más de un año negociando un nuevo marco de relaciones con Cuba cuando vio precipitarse la espectacular reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la dictadura comunista, en diciembre de 2014.

Justo un mes antes, el propio canciller español, García-Margallo, vio venir el deshielo y viajó a Cuba para tratar de tomar posiciones, emprendiendo una aproximación al régimen basada en la llamada diplomacia económica.

No obstante, Margallo cumplió en su visita con la llamada cláusula democrática de la todavía vigente Posición Común europea: la víspera de su esperada cita con Raúl Castro pronunció una conferencia en la escuela diplomática en la que glosó la Transición en España. Aunque no hizo ninguna apelación a las autoridades cubanas, puso en valor el «pluralismo» político, la apertura económica al exterior, el final de la censura y la excarcelación de presos, lo que le valió el sonado plantón de Castro al día siguiente.

Pese a ello, el jefe de la diplomacia española, que había impulsado desde el principio en Bruselas la superación de la Posición Común, siguió empujando en la Unión hacia un nuevo marco de relaciones con La Habana. Un nuevo marco de diálogo político, diplomático y económico, cuyo contenido aún no se ha hecho público, y que habrán de refrendar, uno por uno, todos los países miembros.

Si bien se espera que la nueva Posición obtenga un consenso similar al de la antigua, no se descarta que los países del antiguo bloque comunista, como Polonia o República Checa, expresen sus reservas.

Unas reservas similares a las expresadas ayer en España. De manera muy explícita, la Fundación vinculada al propio PP, que preside Aznar, acusaba a los promotores de la nueva Posición de «ingenuidad» y de practicar el «apaciguamiento»: «Cuba es tan poco democrática hoy como lo era en la Guerra Fría o tras la caída del Muro de Berlín. La represión es idéntica, si no mayor.

Quien pretenda conseguir la democratización de Cuba mediante el apaciguamiento, está muy equivocado. El castrismo sólo busca una vía de supervivencia económica que, tras los colapsos de la Unión Soviética, el Muro de Berlín y ahora el chavismo, le permita mantener un régimen comunista inviable sin recursos de fuera. Por desgracia, la ingenuidad de la nueva posición les hará más fácil esa supervivencia», asegura el director de Relaciones Internacionales de la fundación, José Herrera.

Además, Faes acusa al Gobierno de su propio partido de renunciar a un antiguo liderazgo: «La Posición Común reflejaba el liderazgo de España en la Unión Europea, tanto como interlocutor de la política hacia Iberoamérica como de un compromiso con la democracia. La nueva política de la UE hacia Cuba se aleja de estos dos factores».

Además, reclamaba el apoyo a los disidentes cubanos, entre quienes se sumó ayer la crítica de la presidenta del OCDH, Elena Larrinaga: «La UE no parece querer entender que lo que el Gobierno cubano desea es recibir oxígeno del exterior sin que se alteren a medio o largo plazo las bases jurídicas del sistema. No es recomendable aceptar este chantaje que traerá inexorablemente graves consecuencias morales y éticas», declaraba, para añadir: «Mientras el pueblo cubano seguirá sufriendo el apartheid económico, el Gobierno seguirá distrayendo el 80% del sueldo de los trabajadores».

«La decisión es precipitada», reprochaba el coordinador del Observatorio y ex preso cubano Alejandro González Raga, quien acusaba a la UE y al propio Gobierno de España de «obviar los informes enviados sobre la represión contra los activistas de los derechos humanos, que no sólo no ha desaparecido sino que se ha recrudecido». «Los últimos dos meses han sido los más represivos de los últimos cinco años», insistía.

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