La Justicia prohíbe el izado de la enseña independentista en los cabildos y se espera lo mismo para tres Ayuntamientos

El precedente más reciente de intento de homenaje a la bandera de las siete estrellas se produjo en 2015 cuando el Cabildo de Lanzarote la hizo ondear en el edificio de la institución, lo que obtuvo inmediata respuesta mediante una demanda interpuesta por la Abogacía del Estado. La sentencia que dictó en mayo pasado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria declaró nulo tanto el acuerdo del cabildo lanzaroteño de izarla como el hecho de haberla reconocido como “bandera nacional de Canarias” en el texto de la moción aprobada entonces. No obstante, idéntica declaración ha vuelto a ser incorporada en la práctica totalidad de las mociones ratificadas por las corporaciones que la izarían este sábado.

Detrás del movimiento a favor de la bandera independentista se encuentra la Coordinadora 22 de Octubre, que agrupa a diversas organizaciones juveniles, políticas, ecologistas y culturales de las islas. Esta coordinadora la reclama como un símbolo de las aspiraciones de autodeterminación del archipiélago que se ejercería a través del ejercicio del “derecho a decidir” de los canarios. Más allá de esa reivindicación, se trata de la enseña que utilizan los isleños en manifestaciones, fiestas populares, celebraciones deportivas o conciertos, quienes la prefieren abrumadoramente como símbolo con el que se identifican frente a la bandera oficial reconocida como tal en el Estatuto de Autonomía de Canarias —que no contiene las estrellas—.

Abián Muñiz es portavoz de la coordinadora. Explica que desde hace unos meses llevaban fraguando la idea de homenajear la bandera, por lo que decidieron llevar la propuesta a los ayuntamientos y cabildos de las islas. Para conseguir la adhesión del mayor número de ellos, plantearon la iniciativa de la manera más abierta posible, sin referencias a su carácter de enseña independentista. Es la razón por la que no entiende las críticas que ha recibido la iniciativa en algunas corporaciones, donde se ha llegado a escuchar que está “manchada de sangre”, señala. “Eso es una burrada y quien lo afirma no sabe lo que fue el movimiento del MPAIAC. Además, ¿acaso la bandera española no está bañada en sangre? Ya lo indica su origen: el rojo por la sangre de Castilla y el gualda por el oro de Aragón”.

Prácticamente todas las corporaciones en las que ha sido aprobada la moción están gobernadas por partidos nacionalistas como Coalición Canaria o Nueva Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, José Alberto Díaz Estébanez es el portavoz de CC. “La izaremos en los mástiles que están delante del edificio del ayuntamiento, como hemos hecho en otras ocasiones con la del orgullo gay o la saharaui”, apunta. Rechaza a su vez cualquier intento de hacer conectar la decisión de la corporación con el independentismo, “que no hay que confundir con el nacionalismo conciliador y constitucionalista que nosotros defendemos. Tú le dices a cualquier canario que el archipiélago es como Cataluña o el País Vasco, o que nuestro presidente autonómico Fernando Clavijo es como Juan José Ibarretxe o Artur Más, y se te descojona”.

Un caso particular es del Güímar, en la zona sur de Tenerife. Su alcaldesa, Carmen Luisa Castro, del Partido Popular, gobierna con el apoyo de CC. Ella votó en contra “porque la bandera es ilegal”, asevera, pero una de sus concejalas y compañera de partido lo hizo a favor al concedérsele la libertad de voto. Si los juzgados no lo impiden, la bandera será enarbolada el sábado en la plaza del ayuntamiento.

A todos ellos se les adelantó la pequeña localidad tinerfeña de Arico, cuyo ayuntamiento la izó desde el lunes en la plaza justo delante de la sede de la corporación. Ahí iba a permanecer toda la semana, flameando a pocos metros de la bandera oficial del archipiélago. Pero ante el escrito de advertencia enviado por la Delegación del Gobierno en Canarias sobre la posible ilegalidad que cometían, dos días después decidieron arriarla.

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