La actividad privada es ralentizada por los altos impuestos

 

LA HABANA, Cuba – La Cámara de Comercio, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) y la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), amparados en la Ley 118, con las carteras de oportunidades, buscan atraer  inversión la inversión foránea tanto hacia los descapitalizados sectores de la producción de bienes, el transporte, la salud, el comercio como hacia los más dinámicos sectores del turismo y la industria farmacéutica y biotecnológica.

El gobierno cubano aspira a poner fin a la descapitalización y obsolescencia en que se hallan desde hace décadas los sectores productivos y de servicios. Necesitan urgentemente capital, nueva tecnología y mercados. Así generarían empleos y empezaría la economía cubana a salir del estancamiento en que hoy se encuentra.

La prioridad del gobierno cubano son las empresas estatales. Por el momento la actividad privada, presente en el sector de los servicios, se limitará a las 211 actividades autorizadas por la Resolución No. 42 de septiembre de 2013, emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Al cierre de mayo medio millón de personas tenían  licencias para ejercer dichas actividades.

Pero la política económica del gobierno cubano va en dirección opuesta a las recomendaciones del estudio del pasado 29 de julio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de la que Cuba es miembro fundador.

En dicho informe se señala la necesidad de  instaurar políticas que promuevan la inversión pública y privada, y recomienda, en el ámbito de esta última, “mejorar el acceso de la pequeña y mediana empresa”.

Las autoridades cubanas no hacen caso a esas recomendaciones de la CEPAL.

El titular de Economía y Planificación, Marino Murillo Jorge, en un discurso a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular dejó claro que las cooperativas, tanto agropecuarias como no agropecuarias, tendrán prioridad en el acceso al mercado mayorista, no así los dueños de los pequeños negocios privados, que tendrán una carga tributaria mayor que las cooperativas porque se supone que obtienen mayores ganancias.

El gobierno, mediante los altos impuestos a los propietarios de los pequeños negocios privados, se ha propuesto obstruir la consolidación de una clase media adinerada.

La puesta en vigor de nuevos instrumentos legales por el gobierno de Raúl Castro, en octubre de 2010, facilitó la reanimación de los pequeños negocios privados. Por ejemplo, según un artículo publicado por el periódico español El País, al cierre del pasado mes de julio, 27 000 casas particulares se dedicaban al alquiler de habitaciones. Solo en el casco histórico de la Habana Vieja, 700 rentaban habitaciones para turistas. En el polo turístico de Viñales, en la provincia de Pinar del Río, 780 familias destinaban parte de sus hogares al alquiler. En la ciudad de Trinidad, en la provincia Sancti Spíritus, 800 casas funcionaban como hostales, además de 400 locales destinados a cafeterías, pizzerías y pequeños restaurantes privados.

Pero a pesar del crecimiento de la actividad privada, los dirigentes del gobierno no la tienen entre sus prioridades.

El diario Escambray, órgano de la dirección del Partido Comunista en Sancti Spíritus, en un trabajo del periodista Enrique Ojito del pasado 30 de octubre titulado “Elevan cuota mensual a cuentapropistas” dio a conocer que los Consejos de Administración de los 8 municipios de la provincial, a propuesta de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y amparados en la Ley No. 113 del Sistema Tributario acordaron elevar el pago del impuesto mensual a 820 dueños de hostales y pequeños restaurantes, radicados fundamentalmente en Trinidad: de 28 dólares que abonaban, ahora tendrán que pagar entre 40 y 80 dólares.

La ONAT de la provincia, como resultado de las fiscalizaciones realizadas a los establecimientos privados, detectó que habían aumentado los ingresos de sus dueños, y en consecuencia, para que no se enriquezcan, acordó arbitrariamente aumentarles el pago de sus mensualidades.

Con el aumento de los impuestos, el gobierno pretende impedir el fortalecimiento de los pequeños negocios privados, para que sus propietarios no se conviertan en un referente de prosperidad y progreso.

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