La aplicación de la ley de memoria histórica podría convertir a Cuba en el segundo país de América Latina con un mayor número de residentes españoles.

Así lo señaló el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, durante su primera visita oficial a la isla.

Sus declaraciones han sido voluntariamente ignoradas por la prensa española. El viaje, que se enmarcó en medio de una búsqueda de mejorar las relaciones entre España, y la Unión Europea, también tuvo su espacio para el reencuentro con la colectividad española residente en la isla.

Sin embargo no existe ningún plan para ocuparse de estos nuevos españoles. Los #espanolesdecuba se encuentran desamparados y sin derechos pues las organizaciones que los representan están en manos de la dictadura.

Si antes de la entrada en vigor de esta norma rozaban los 40.000, ya superan los 120.000 y al final del proceso –una vez que los hijos menores de edad de nacionalizados ejerzan su derecho– se estima que llegarán a unos 400.000. Esos son los cálculos del Consulado General de España en La Habana, que actualmente tramita unas 100.000 solicitudes, de las que el 80% son aprobadas. Es decir, Cuba será la “provincia española” número 38 por población, por delante de comunidades autónomas como La Rioja. Y el tercer país del mundo con más españoles, tras España y Argentina.

Un pasaporte no hace a un ciudadano, aseguran asociaciones en el exterior.

Los españoles de Cuba hoy son 300 mil personas ignoradas no sólo por el régimen cubano sino también y, es lo que nos parece más doloroso, por el gobierno español. El voto rogado, sumado a las infraestructuras inadaptadas de telecomunicaciones y viales de la isla, vuelve imposible el ejercicio de los derechos civiles que les corresponden.

Las empresas españolas que tienen licencia para hacer negocios allí ignoran  a estos compatriotas y, en vez de abrirles las puertas para mejorar sus difíciles condiciones de existencia, prefieren reclutar trabajadores en otros lugares del mundo.

Por otra parte, los contratos de otra época firmados con La Habana, impiden a los nacionales de ultramar el acceso a salarios y condiciones de trabajo dignas de lo que realmente son: ciudadanos españoles.

Los españoles de Cuba no pueden ejercer sus derechos como cubanos pero sí pueden hacerlo como espanoles que son. Si llegaran a organizarse en alguna formación política podrían exigir a través de sus representantes leyes que observasen el cumplimiento de sus derechos. La primera debería ser que las empresas españolas radicadas en la isla les beneficiasen -o al menos les tuvieran en cuenta- a la hora de seleccionar y contratar su empleomanía.

Deja un comentario