¿Negocian Cuba y los Estados Unidos un acuerdo sobre indemnizaciones?

Eso parece, si confiamos en un artículo del abogado cubano-americano Raúl J. Valdés Fauli publicado hoy en el Huffpost de Miami

El abogado llama a negociar, levantando las restricciones actuales y propone a Barack Obama modificaciones sutanciales del Reglamento de Control de Activos Cubanos que permitirían desbloquear la situación

 

Fauli es un abogado de amplia trayectoria e influencia en la comunidad cubana, pero también dentro de las estructuras del poder Republicano. Dirige con rolando Anillo-Badía la Oficina de Reclamaciones Cubanas.

El abogado y banquero considera que las expropiaciones que tuvieron lugar en 1960, salvo en contados casos, nunca fueron devueltas ni indemnizadas por el régimen de los hermanos Castro.

Reconoce que  el Título III de la Ley Helms-Burton permitía a nacionales cubanos, naturalizados antes de 1996, interponer una demanda de expropiación ante la Comisón de Solución de Reclamaciones (FCSC), pero que esta posibilidad se encontraba restringida en su aplicación, pues desde el principio, el Presidente de los Estados Unidos tuvo la posibilidad de suspender por períodos de seis meses su entrada en vigor. Del mimo modo, el presidente puede obligar a su aplicación, informando a los comités del Congreso a quienes compete.

Por otro lado, la ley permite que en caso de sospecha de utilización de propiedades, sus dueños puedan interponer una demanda sin esperar por una autorización gubernamental. Este procedimiento que ya tuvo su precedente cuando la Compañía telefónica italiana STET que fue demanda por ITT. A fin de cuentas, los italianos tuvieron que aceptar el acuerdo impuesto por el Departamento de Estado. Naturalmente, esto sentó un precedente importante que hizo desistir a otras empresas de medrar con propiedades norteamericanas confiscadas por los Castro.

Fauli continúa su exposición constatando también que los tribunales de los Estados Unidos ceden ante la presión del poder ejecutivo, el cual está autorizado por el artículo II de  la Constitución a resolver un diferendo internacional de naturaleza económica como mejor lo entienda, a fin de mejorar las relaciones diplomáticas con los gobiernos de los países en cuestión.

El jurista cree que el restablecimiento de relaciones y la disposición de ambos gobiernos para discutor este tema abre la perspectiva de una resolución para todos los interesados. De esa manera, el Presidente, en virtud de su autoridad para alterar los requisitos y las condiciones aplicables a cada una de las disposiciones de licencias generales y específicos existentes en el Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR) debería permitir que los propietarios legítimos de las reclamaciones de propiedades confiscadas por el gobierno cubano pudieran negociar directamente con las empresas interesadas en utilizar sus antiguas propiedades contratos de arrendamiento o de compensaciones.

Del mimo modo, según Fauli, a los expropiados reconocidos por el Gobierno de los Estados Unidos debería permitírseles  negociar con los actuales propietarios la cesión de sus títulos de propiedad, pero también tener algunas preferencias a la hora de invertir de manera directa o indirecta en esas propiedades, permitiendo por ejemplo, la exportación de materiales para la renovación, el contrato directo de trabajadores para ese fin. Naturalmente todas esas personas podrían entrar y salir de Cuba libremente según lo necesiten.

El ilustre abogado cierra su tribuna, proponiendo la inscripción de esos artículos en la Sección 515.208 del Reglamento de Activos Cubanos (CACR)