Cuba Posible ha decidido tocar a la puerta de varios expertos latinoamericanos para conversar sobre la integración latinoamericana. En esta ocasión dialoga con Rut Diamit, quien es profesora en la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, en Argentina.

Roberto Veiga González y Rut Diamint

Roberto Veiga (RV): El hemisferio cuenta con la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, que resulta un documento importante y referente de la experiencia sobre el tema en el continente. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y con él, han cambiado importantes dinámicas y desafíos regionales. En tal sentido, ¿considera usted que América Latina debería, y podría, avanzar hacia un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos” (diseñado, deliberado, consensuado y legitimado por las sociedades y las instituciones regionales)? ¿Cuáles deberían ser las perspectivas fundamentales de dicho “Catálogo”?

Rut Diamint (RD): Considero que no se debe modificar una institución que funciona bien y que ha tenido a lo largo de su historia logros muy significativos. Temas como el acceso a la Justicia y la lucha contra la Impunidad han sido logros significativos. No obstante, hay países en los cuales estas normas aún son resistidas. Cambiar sólo provocaría distanciar el momento en que todos se plieguen a cumplir sus mandatos. Gracias a la jurisprudencia de la corte, todas las personas tienen derecho a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, con imparcialidad. Se cubren los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Lo cual no impide que se sumen nuevos derechos, como por ejemplo, los de los pueblos indígenas. En suma, no creo conveniente modificarla.

RV: Un “Catálogo de derechos de los ciudadanos y de los pueblos de América Latina” demandaría un rediseño de los mecanismos de justicia, para que evolucionen hacia normas que sinteticen lo mejor del entramado jurídico de la región (por ejemplo: un código civil y un código penal regionales y sus reglas procesales, así como un código de trabajo regional) y, a su vez, lo perfile cualitativamente; así como institucionalizar una instancia regional en la cual confluyan los sistemas de justicias de cada país miembro. ¿Resulta esto viable y, además, posible? ¿En qué medida? ¿Cuáles deberían ser las características esenciales de tales códigos (por ejemplo: civil, penal y laboral), y cuáles habría de ser las particularidades de una presumible instancia regional del sistema de justicia?

RD: Dado que el respeto a los derechos y garantías de las personas tiene una aplicación muy diferente en los países de la región, pasar a un acuerdo regional no es positivo. Por otra parte, el regionalismo latinoamericano es más retórica que realidad. Subsiste una amplia desconfianza entre las naciones y hay una tensión por modelos políticos que parecen incompatibles. Si tomamos como ejemplo la Comisión Andina de Juristas o el Tribunal del Mercosur, veremos que han dictado normativas que intentaban homogeneizar derechos, pero que no se han traducido en cambios en los niveles nacionales. Si la integración política avanza, será posible en un plazo posterior incluir legislaciones regionales. Pero ese paso está aún muy lejano.

RV: Algunos alegan que la integración latinoamericana debe estar signada por el respeto a la soberanía de los países de la región. Sin embargo, precisan que deberían existir aspectos compartidos. Entre estos se destacan: un sistema regional de seguridad; un sistema regional de educación; un sistema regional de cultura; un sistema regional de salud; un sistema regional para enfrentar las catástrofes; y un sistema regional de ayuda al desarrollo equitativo de sus pueblos. En tanto, señalan que deberían cincelarse modos para que cada país tribute con recursos a estos propósitos, así como alcanzar la institucionalidad debida para hacer posible los mismos, con eficacia, en toda la región; conservando cada país las legítimas cuotas de autonomía en la gestión de dichos quehaceres. ¿Qué opina usted? ¿Serían estos los aspectos a compartir? ¿Cómo podría tributar cada país con recursos para el desarrollo de los objetivos compartidos?

RD: Hay una tensión histórica en América Latina respecto a la soberanía que no se ha modificado por los acuerdos de integración existentes. Si tomamos como parámetro el proceso de la Unión Europea (UE), un sistema regional de seguridad, un sistema regional de educación o un sistema regional de desarrollo deberían ser pasos concluyentes y necesarios de ese proceso. No obstante, América Latina rehúye de la institucionalidad requerida para poner en marcha esa integración. Lo que existen son foros, cumbres, pero no una burocracia y una normativa que dé continuidad y permanencia a la integración. Hasta que no se “efectivice” la voluntad de compartir y adecuar agendas, los programas concretos no serán viables. Incluso en un tema menor, como puede ser un reglamento para actuación conjunta ante catástrofes, no se percibe una clara voluntad política.

RV: Ciertos críticos de los modos de integración ensayados aconsejan que los propósitos compartidos se institucionalicen y se exijan en toda la región. No obstante, igualmente enfatizan en la necesidad de que cada país debe conservar la más absoluta independencia en materia de política internacional, sin que esto impida posiciones y políticas conjuntas cuando ellas sean posibles; de relaciones económicas y comerciales; de evolución cultural, educativa, académica e informativa; así como de cualquier tipo de alineación ―ya sea intra-regional como con otras regiones o bloques de países, y con instituciones supra-regionales, etcétera―. Estos sostienen que lo anterior sería una fortaleza, pero otros advierten que sería una debilidad. ¿Qué opina usted?

RD: La literatura sobre integración y regionalismo ha demostrado fehacientemente que la cooperación beneficia a todos los países: tanto a los de mayor peso, como a los más pequeños. Para la UE ha sido más sencillo tener una moneda común, que tener una política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Ello, luego de más de 40 años de integración. Por eso es prematuro pedir que los países de América Latina alcancen, en el corto plazo, ese nivel de integración. Pero si el concepto es que integrarse es perder independencia, nunca se alcanzará una verdadera asociación institucional.

RV: A pesar del enfoque de aquellos que defienden la proyección esbozada en la pregunta anterior, no faltan quienes precisen dos aspectos: 1. Que debería liberalizarse, en la mayor magnitud posible, el intercambio financiero, económico, comercial, tecnológico y laboral entre todos los países de la región; desde una perspectiva de integración. 2. Que deberíamos descubrir aquel o aquellos, renglón o renglones, económicos que atraviesen la región y podamos integrarlos de cara al beneficio común y a las relaciones económicas con otros países, regiones o bloques. ¿Qué opina de ambas perspectivas? ¿Qué posibilidades posee el primer aspecto, y cómo podría diseñarse y regularse? ¿Sería posible y beneficioso el segundo aspecto –por qué y cómo?

RD: La lógica de un proceso de integración es que se propenda hacia la segunda opción. Cada Estado tiene diferentes características y puede aportar distintos elementos. Demandar sólo una liberalización del comercio podría resultar en un debilitamiento de las naciones menos favorecidas. Un proceso de integración tiene que evaluar los ritmos y los aportes escalonados de los socios buscando que todos obtengan beneficios. Para ello se han utilizado las fórmulas. Por ejemplo, un país puede contribuir en salud pública a cambio de mejores posibilidades de adquirir energía. Eso debe establecerse en discusiones entre los miembros.

RV: ¿Qué tipo de entidad debería gestionar los posibles aspectos compartidos acerca de los cuales discurrió en la segunda respuesta? ¿Cuáles habrían de ser las características de la misma? ¿Cómo debería ser constituida y conformada? ¿Cómo podría ser debidamente controlada?

RD: Los mecanismos existentes son los que deberían gestionar esos procesos. Se puede empezar con lo sub-regional para ir a toda la región y tal vez a todo el hemisferio. Crear una nueva entidad sólo complica la agenda regional y superpone iniciativas que quedan a medio camino. No hay que inventar una nueva, sino poner en marcha lo existente.

RV: ¿Todo lo anterior forzaría a modificar la proyección del parlamento latinoamericano? ¿En qué sentido debería ser modificado? ¿Qué facultades le correspondería? ¿A quiénes debería representar y, por ende, cómo habrían de resultar electos sus diputados?

RD: En la actualidad el Parlamento Latinoamericano tiene muy limitada influencia. De darse una voluntad política de activar los mecanismos existentes y ajustar las políticas nacionales a los mandatos legítimos regionales, el Parlamento debería tener mayor peso y presencia. Todo ello implica un largo camino para la elección de representantes regionales, que se agruparían en bloques parlamentarios regionales. Deberían, además, tener constituency nacional y regional. El ejemplo del Parlamento del Mercosur muestra las dificultades y la lentitud de ese proceso. Las normas y procedimientos son correctos, pero su efectividad es casi nula. Lo parlamentario sería consecuencia de esa voluntad política de dar entidad a los acuerdos regionales; voluntad que hoy en día, no se percibe

RV: ¿Están suficientemente preparadas la ciudadanía, la sociedad civil, la intelectualidad, las instituciones, los actores económicos y políticos, y los Estados de la región, para enrumbarse (con la necesaria tenacidad, deliberación, entendimiento, cooperación, equilibrio y eficacia) por estos senderos, u otros análogos, que conduzcan a una creciente, sólida, beneficiosa y perdurable integración? ¿Cuáles serían los roles de la sociedad civil y de los gobiernos ante y en este tamaño desafío?

RD: Hay más voluntad en la sociedad civil y en las comunidades académicas por avanzar en la cooperación regional, de la que se observa entre actores políticos y gubernamentales. Reitero que sin una decisión fuerte de los poderes ejecutivos por poner en marcha la integración, todos los demás actores quedan supeditados a la desidia y a la falta de voluntad por lograr una real integración.

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