El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, le echa la culpa al gobierno de de José Luis Rodríguez Zapatero del sistema de voto rogado y ha dejado claro que sólo puede modificarse por una reforma legal que tendrá que esperar a que se abra una nueva legislatura

Margallo respondió así a la  la petición hecha por PSOE y Podemos para que no se obligue a volver a pedir el voto a quienes ya lo hicieron para el 20D. El ministro no ha respondido expresamente a esta petición pero sí ha dejado claro que cualquier cambio requiere una reforma legal y que hay un “acuerdo tácito” para que éste surja a iniciativa de los partidos que estén en la oposición.

“Las dificultades son objetivas, son externas y tienen que ser afrontadas por un cambio legislativo, entiendo que a iniciativa de los partidos que entonces estén en la oposición. Habrá que preguntárselo a ellos cuando estén en la oposición”, ha zanjado.

De cara al 26J, ha asegurado que su departamento hará “un enorme esfuerzo” pero ha añadido que no puede garantizar una participación “excesiva” dadas las dificultades para ejercer el voto distinto.

El ministro en funciones considera que la participación de los residentes en el exterior ha caído “a límites intolerables” y ha culpado del sistema al Gobierno de Zapatero, con el nacionalista catalán Jordi Xuclà como ponente.

Y ha defendido que su departamento ha “tenido que lidiar con muchas campañas electorales” con el “obstáculo insalvable” de lo que marca la ley. “Créanme que quien más ha sufrido el régimen electoral inventado por otros y no modificado por otros hemos sido nosotros, ha dicho, sugiriendo así que el PSOE podía haber impulsado su modificación desde la oposición.

A su juicio, en la próxima legislatura lo que habrá que hacer será aumentar el voto presencial de los emigrantes en los consulados y facilitar el no presencial entre quienes no estén cerca de ellos, utilizando las nuevas tecnologías pero garantizando que no se producen fraudes.

El requisito del voto rogado, ideado para acabar con las constantes denuncias de fraude en el voto de los emigrantes, fue introducido en la reforma electoral de diciembre de 2010 que pactaron el PSOE, el PP y los nacionalistas de CiU y PNV.

Aquella reforma electoral, que también prohibió votar en elecciones municipales a los electores censados en el extranjero, fue rechazada por IU, UPyD y los nacionalistas de BNG y CC. Transcurrido el tiempo y vista la caída de participación, los impulsores de aquella ley se han ido retirando, incluido el PSOE y algunas federaciones del PP.

No obstante, la pasada legislatura el Parlamento gallego envió al Congreso una proposición de ley para acabar con el voto rogado y quedó bloqueada en la Cámara.

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