En el verano de 2016 el Presidente de los Estados Unidos convirtió en ley el proyecto, HR-5278, la llamada “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act”

Andrés de Bustamante, 4 de octubre de 2017

En el verano de 2016 el Presidente de los Estados Unidos convirtió en ley el proyecto, HR-5278, la llamada “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act”.  También conocida por su muy subliminal pero falaz acrónimo de PROMESA, por sus siglas en inglés.  Con esta ley se crea una Junta de Control Fiscal (JCF), aunque es más una unidad de cobro que de control.  Una JCF forjada para atender los intereses de los tenedores de la deuda de la isla.  Una JCF que extirpa los más elementales principios de democracia a Puerto Rico.  Un proyecto el cual básicamente se revierte a los más mezquinos esquemas del poder colonial que ejerció los Estados Unidos cuando invadió la entonces Provincia de Puerto Rico.

Según la sección 101 del proyecto, el estipulado objetivo es; «El propósito de la Junta de Control es proveer un método al territorio concernido (Puerto Rico) para lograr responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital».  Más cínico que ese tan irónico nombre de PROMESA, es la evidente realidad que la falsa promesa no podrá cumplir su expreso objetivo.  Así mismo, tampoco ayudará a Puerto Rico y su gente.

Recubierta de gran misterio y de falsas expectativas, pocos entienden cabalmente lo que este proyecto implica.  Y es que tal es el diseño de los sistemas coloniales, como el que vive Puerto Rico.  Sistemas de dominación donde la realidad se esconde y se tergiversa según sea la conveniencia del poder colonial.  La verdad es que la transparencia es contraria al coloniaje, siempre lo ha sido.

El propósito de la Junta de Control es proveer un método al territorio concernido (Puerto Rico) para lograr responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital

La recién creada JCF ha de fracasar por simples y sencillos principios económicos así como de administración.  Resulta que para rescatar del fracaso económico a una organización, que bien puede una empresa privada, organización gubernamental o un gobierno nacional, se precisa la concertada aplicación de varias estrategias de rescate.  Estos son; (1) cambios en su modelo económico, (2)  reestructuración de deudas y (3) inversión de capital.  Esto sin descontar los cambios organizacionales internos que tienen que ser llevados a cabo dentro de la organización.

Para el caso de Puerto Rico, se necesita desarrollar un nuevo modelo económico, la única opción para que la isla sea viable en el futuro.  Esto implica cambios en el anticuado modelo de producción, romper con las vetustas leyes de cabotaje, estructuras comerciales modernas, nuevos modelos arancelarios, incentivos económicos, la capacidad de establecer relaciones comerciales, desechar las unilaterales del comercio interestatal, actualizar el sistema educativo y cambios sustanciales en la presente relación colonial, entre otras tantas.  Resulta que el modelo colonial actual el cual se fundamenta en un mercado cautivo ha demostrado ser un fracaso, según ha evidenciado la quiebra de Puerto Rico.

Por varias razones es necesario la reestructuración de deudas.  Una reestructuración permite el reasignar los limitados recursos a actividades productivas y/o rentables.  A su vez, la reestructuración ofrece la oportunidad a los acreedores de recuperar su inversión en un futuro en una manera organizada y coherente.

Resulta que el proyecto no ofrece ningún opción para desarrollar un nuevo modelo económico.

Y la nueva inversión de capital, permitiría el desarrollo de nuevas actividades económicas que sean consistentes con el nuevo modelo económico con el propósito de lograr la generación de riqueza, bienestar y prosperidad.

Sin embargo, la falsa PROMESA virtualmente no ofrece ni una sola de esas opciones a la hoy Colonia de Puerto Rico.  Resulta que el proyecto no ofrece ningún opción para desarrollar un nuevo modelo económico.  De hecho, no ofrece ningún cambio en la aplicabilidad de las actuales leyes federales como lo son las leyes de cabotaje y comercio interestatal.  Lo que efectivamente le impide a la isla el desarrollar un nuevo modelo económico.  Solo se mantienen las ya fallidas condiciones y la reglamentación actual.  Los mismos estatutos que mantienen a PR como un mercado cautivo y que solo sirvieron para quebrar la economía puertorriqueña.

Las estipulaciones para permitir una reestructuración de la impagable deuda son sencillamente draconianas.  Se estipula toda una serie de subjetivos requisitos “de buena fe” y la votación mayoritaria de no menos de cinco-(5) de los siete-(7) nombrados miembros de la JCF, miembros  unilateralmente nombrados por un Congreso.  Un Congreso que sirviendo los intereses de los fondos de cobertura ya previamente le negó a la isla el acceso al Código Federal de Quiebras.  Es decir, le negaron a PR y a sus acreedores un mecanismo organizado para el pago de sus deudas.  Acreedores que incluye a todos los tenedores de la deuda, los empleados públicos, los contribuyentes de PR y a todos los proveedores de bienes y servicios gubernamentales.  Por lo tanto, las posibilidades alguna reestructuración son remotas.

Y las dificultades para reestructurar las deudas implica una muy peligrosa situación.  Se expone al Gobierno de PR a numerosos litigios en los tribunales por parte de los acreedores donde razonablemente se embargarán los fondos operacionales de la isla.  Y cuyo resultado neto será frecuentes interrupciones de servicios gubernamentales y mayores daños a la ya tan maltrecha economía de la isla.  Un gobierno sin dinero, será el inevitable resultado.

Igualmente, este proyecto no ofrece ningún tipo de nueva inversión de capital en la economía de la isla.  Situación que combinada con el limitado acceso al mercado de capita que hoy justamente sufre PR imposibilita la inversión en las limitadas actividades productivas que tiene la isla dentro de su relación colonial para superar su actual crisis económica y social.

Por lo tanto, la JCF creada por la falsa PROMESA, no ha de tener éxito alguno.  Es que sencillamente no puede tenerlo según ha sido estructurada.  Al contrario, esta legislación estadounidense ha de ser nociva a los intereses de los puertorriqueños y hasta de sus acreedores en el mercado de deuda municipal.  Su único logro será la adicional contracción de la ya contraída economía de Puerto Rico.  Esta unilateral imposición colonial no ha de proteger el mercado de deuda municipal de los Estados Unidos como tampoco ha de rescatar la hoy fracasada economía de la hoy Colonia de Puerto Rico.

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