La 'Tercera provincia española' exige sus derechos

Nuevo Gobierno, nuevo Parlamento. Un gran reto para el Consejo General

Ángel Capellán.
Angel Capellán

En un pasado no muy lejano los tópicos tardaban en acuñarse meses o años. Hoy en día se nos echan encima en semanas o incluso días.

Por eso puede sonar a tópico, pero la realidad inevitable para España y para el gran colectivo de españoles en el exterior (la Tercera Provincia Española) es que estamos en medio de una encrucijada histórica. Se avecinan cambios históricos.

Los órganos de representación de los españoles en el exterior –Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y Consejos de Residentes Españoles (CRE)– están también en proceso de cambio. Este año habrá elecciones para la renovación de los 38 Consejos de Residentes Españoles existentes. Pero a la vez hay 55 demarcaciones consulares en las que residen al menos 1.200 españoles en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que cualifican para tener un CRE. Lo llamativo es que entre esas 55 demarcaciones, unas 18 han tenido ya CRE establecido en el pasado pero ahora no tienen representación.

Todo español en el exterior debe repensar seriamente su compromiso tanto para participar en las elecciones de los CRE, como para una enérgica reivindicación de sus derechos civiles. No nos beneficia la frecuente pasividad derrotista que nos ha perjudicado a todos. Se impone que todos nos comprometamos seriamente. Somos muchos; cada día más. Pero nos falta un mayor compromiso y dedicación.

Los Consejos de Residentes Españoles que se elijan este año son los que a su vez elegirán a los consejeros del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior para su próximo VII Mandato (2017-2021).

Si se realiza la debida labor de participación, podríamos pasar de tener, no ya los 38 consejeros generales que ahora tenemos, sino hasta 50.

No podemos ignorar que durante el presente VI Mandato, el CERA ha pasado de un millón cuatrocientos mil a casi un millón novecientos mil. Un crecimiento de un 36%, debido primariamente a los procesos de adquisición y recuperación de la ciudadanía española, así como a una emigración creciente.

 

Reto al Consejo General para superar esfuerzos previos y acrecentar la eficacia de su labor

Las circunstancias presentes exigen de todos los consejeros generales un gran esfuerzo totalmente renovado. Hace falta una intensa dedicación para que podamos conseguir que nuestras reivindicaciones sean tomadas en serio en el Gobierno y especialmente en el Parlamento español. Ahora no hay vuelta de hoja. O logramos nuestras reivindicaciones legislativas para el colectivo de españoles en el exterior, o nuestra derrota será histórica con serias consecuencias de privación de derechos para la emigración española.

Para quienes no lo tengan del todo claro, el Consejo General sigue en plenas funciones hasta su último pleno que tendrá lugar a finales de septiembre. Aunque habrá elecciones a nuevos consejeros generales a finales de año, los consejeros elegidos serán tan solo “consejeros electos” hasta el inicio del VII Mandato que tendrá lugar en torno a septiembre-octubre de 2017.

Mientras tanto, de septiembre de este año a septiembre del próximo, los actuales consejeros lo serán “en funciones”. A su vez, la Comisión Permanente presente seguirá en plenas funciones durante ese período (septiembre 2016 a octubre de 2017) desarrollando sus actividades ordinarias.

Se imponen ahora actuaciones decisivas que la Comisión Permanente y las Comisiones Delegadas deben impulsar con fuerza. Hace falta una gestión mucho más determinada que la realizada en el pasado reciente. Esta Comisión tendrá su próxima reunión en febrero. Pero su eficacia sería escasa si se limitara a trabajar solo en sus reuniones presenciales.

No nos favorece que tanto la entrada de un nuevo Gobierno como la puesta en marcha de una nueva Legislatura estén en el aire. Podría ocurrir que si fueran necesarias nuevas elecciones, se retrasaría aún más este “interregno”.

Tampoco estas circunstancias deben impedir que la Comisión Permanente prepare un paquete de propuestas claras, bien definidas, e incisivas para presentar al Gobierno. Hay que reivindicar con fuerza los derechos y servicios que necesitamos recobrar o aquellos que aún nos quedan por conseguir.

Hasta ahora en manera alguna le ha faltado al Consejo General voluntad o determinación para reclamar nuestros derechos, en especial, los derechos electorales. El Consejo lo ha hecho incluso mucho antes de que el Parlamento Español proclamara leyes (La Ley Electoral es el ejemplo más llamativo) que alevosamente cercenaban nuestros derechos constitucionales de una manera flagrante. Ojalá todos los españoles conocieran mejor la labor del Consejo para apoyarla con más fuerza.

No se impuso esa Ley Electoral de 2011 porque el Consejo General no definiera estos derechos con claridad, con fuerza, o porque no se los diera a conocer expresamente al Gobierno y Parlamento, o porque no los impulsara ante ambos para que tuvieran en cuenta la voluntad de nuestro gran colectivo. Muy al contrario, fue falta de que el Gobierno reconociera los méritos acumulados de la emigración durante décadas. Falta de sentido de Estado para incorporar más estrechamente al colectivo exterior que podríamos llamar ahora la “tercera provincia española”.

Es triste tener que reconocerlo. Pero ahora ya en perspectiva, al menos este que escribe debe concluir que el propósito tanto del Gobierno como del Parlamento Español, al elaborar la Ley Electoral de 2011, fue hundir a porcentajes mínimos nuestra participación electoral. Dieron muestras de que lo hacían plenamente conocedores de sus consecuencias. No hay ninguna otra explicación remotamente coherente. Pero ¿por qué? Primero, porque no podían menos de saber que vulneraban los claros mandatos constitucionales relativos a los derechos fundamentales y los electorales de los españoles en el exterior (Artículos 9.2, 14, 23, y especialmente el 68). Además, lo hicieron ignorando las legítimas peticiones de consulta a las que por ley tenían derecho los representantes de los emigrantes en el Consejo General de la Emigración. Finalmente, el Consejo General se lo comunicó por escrito repetida y expresamente al Parlamento, sin que en ningún caso el Congreso de los Diputados hiciera caso alguno. El rechazo del proceso democrático fue desconcertante.

Por fin, la prueba más concluyente de todo ello es que el Gobierno y Parlamento ahora salientes, con una mayoría absoluta amplia, se opusieron sistemáticamente durante cuatro años a revocar el voto rogado. Cierto además que, por más que tuvieran responsabilidades mayores, aunque esas no fueran las únicas. En unas elecciones tras otras, eran testigos de los estragos que estaba causando la nefasta ley en el ejercicio del voto exterior. De igual manera se negaron rotundamente a escuchar a los representantes de los emigrantes. Desoyeron las propuestas que les mandaban al menos cada año. Me pregunto qué tipo de democracia tenemos. 

Quién dudaría en concluir que visto desde esta atalaya de 2016, el Gobierno y Parlamento ahora salientes no tenían ninguna intención de cambiar esta ley. Sabían muy bien que podían haber aprobado en el Parlamento una Modificación de la Ley Electoral con mayoría abrumadora. Además hubieran contado con la plena colaboración de la oposición que declaró en numerosas ocasiones su apoyo a esta reforma. Muy al contrario, rehusaron establecer un sistema que restaurara clara e indiscutiblemente el derecho al voto de la emigración española.

 

Impulsar la acción legislativa en el Parlamento Español

Como consecuencia de este panorama desolador, el Consejo General, y particularmente su Comisión Permanente, tienen ahora una responsabilidad decisiva. Deben poner su mirada en el futuro inmediato. Urge que desarrollen un bien estructurado paquete de reivindicaciones para presentar a la nueva Legislatura y el Gobierno que se forme.

Se impone crear una nueva dinámica en nuestros gobernantes y legisladores. Deben redescubrir que la emigración española, lejos de ser un colectivo falsamente calificado como no fiable en los procesos electorales, es muy al contrario tan respetuoso como cualquier colectivo en territorio nacional. No solo eso, sino que nuestros gobernantes deben reconocer que la contribución de la España exterior al desarrollo de España ha sido constante, más aún, realmente decisiva.

Por eso las actuaciones tanto de la Comisión Permanente como de las comisiones delegadas y del Pleno del Consejo General son ahora más importantes que nunca.

Este paquete de reivindicaciones a preparar debe incluir –recopilando el extenso acervo de propuestas, declaraciones y acuerdos del Consejo General– al menos los temas siguientes:

A. Derechos electorales perdidos que se impone recobremos, amén de otros que hemos reivindicado pero no hemos conseguido:

a) Eliminación del voto rogado.

b) Reinstauración del envío de oficio del voto a todo el electorado exterior con mayores garantías.

c) Una vez recibido el voto, envío del mismo a los consulados para facilitar que llegue a tiempo dentro de los plazos.

d) Establecer verdaderas mesas electorales en los consulados, una por cada consulado, para que ellas reciban y supervisen el envío de los votos recibidos a las juntas electorales provinciales.

e) Recuperación del derecho al voto en las elecciones municipales.

f) Voto electrónico por Internet.

g) Exigir al Congreso de los Diputados que cumpla su obligación legal (Estatuto, Real Decreto) de recibir a los representantes de los españoles en el exterior.

B. Representación Parlamentaria. Es tema maduro que debe entrar plenamente en debate.

C. Un diálogo más comprometido con los grupos parlamentarios.

D. Se impone redactar una enérgica petición formal al Ministerio de Asuntos Exteriores y/o a la Junta Electoral Central para que reconozcan que las alegaciones de fraude electoral en el exterior, han sido solo eso. Alegaciones.

E. Proyecto de revisión del CERA para depurarlo, para eliminar cuantos no deban estar en él. Hace falta también una seria campaña para que los cientos de miles de españoles en el exterior que no están en el CERA (según afirmaciones frecuentes de muchos diplomáticos en nuestras Oficinas Consulares), se incorporen.

F. Derechos de nacionalidad tal como ya los han definido la Comisión de Derechos Civiles y el Pleno.

G. Elaboración de una Ley de Nacionalidad en esta legislatura.

H. Derechos perdidos a las clases de lengua y cultura (ALCE).

I. Desarrollo de bases de datos de correos electrónicos en los consulados con autorización expresa, firmada de los interesados para ser usados como vehículos de información tanto en elecciones, como en comunicaciones de los Consulados y los CRE, así como del Consejo General.

J. Modificación por vía de urgencia de los Reales Decretos del Consejo General y de los CRE en la nueva legislatura y elaboración de una nueva orden ministerial para el funcionamiento de los CRE como ya ha aprobado el Pleno.

K. Establecimiento tanto de nuevos consulados como de consejerías de empleo en varios países donde los servicios consulares son seriamente deficientes (especialmente Cuba y Venezuela).

 

La Comisión Permanente del Consejo General –y en unos meses las cuatro comisiones delegadas– deberán estudiar estos y otros temas para preparar dos claros paquetes de reivindicaciones. Uno con los temas legislativos para hacérselo llegar tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. Y otro que incluya los temas de tipo ejecutivo para presentarlos a los estamentos correspondientes del Gobierno.

Pero incluso cuando la Comisión Permanente consensuara lo que debiera ser este paquete a presentar al Gobierno y Parlamento, es de todo punto necesario que estudie seriamente el modo y momento más adecuados para presentarles esa documentación. Sin duda sería desarticulador hacerlo cuando ni Gobierno ni Parlamento hayan todavía entrado en funciones. Conscientes de ello, esta Comisión debería considerar cuál es el momento más oportuno.

 

Ángel Capellán Gonzalo es consejero general de la Ciudadanía Española en el Exterior por Estados Unidos

Hispanista revivido.