Los cubanos, incluyendo a los negros, son españoles

 

No es un secreto para nadie que antes de 1898 Cuba era una provincia española, es decir España; en consecuencia, los descendientes de aquellos españoles, incluyendo a los negros, son españoles.

No se trata de una broma. Esa posibilidad la contempla el Código Civil español. Lo que se trata ahora es de hacerla la valer. Y aquí es donde las cosas se complican o se aclaran, según se mire. En efecto, el profesor de derecho Viñals Farré  explica en uno de sus trabajos que el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, en la Sentencia de 7 de noviembre de 1999, decidió que Cuba NO era España sino un Territorio español, igual que Guinea.

En efecto, los naturales de los territorios españoles no eran ciudadanos, sino algo así como protegidos de la Corona. Para ser españoles de verdad tenían que ejercer el derecho de “opción” a su mayoría de edad. El problema es que esta doctrina fue elaborada para regular el acceso a la nacionalidad de saharauis y guineanos, que eran oriundos de posesiones españolas en el siglo XX y no para los cubanos que fueron españoles de pleno derecho desde el 25 de noviembre de 1897, fecha en que se instauró en la isla de Cuba un gobierno autonomista.

El Tribunal supremo lo ignora (o lo pretende) pero aquel gobierno, antes de organizar elecciones libres para elegir a los diputados del parlamento insular, hizo ciudadanos españoles a todos los habitantes de la isla, aplicando las disposiciones escritas el 17 de octubre por el presidente del español de la época, Segismundo Moret.

Todo esto significa que la doctrina del Tribunal supremo no es válida para el caso de los cubanos nacidos antes de 1902 que eran “españoles y nacidos en España”. La consecuencia de esta afirmación es evidente: los descendientes de aquellos españoles, es decir, prácticamente toda Cuba, tienen derecho a la nacionalidad española. No solamente son estas las únicas consideraciones legales que se pueden avanzar en este sentido. En un reciente artículo titulado ¿Por qué siguen siendo españoles los cubanos? dábamos a conocer otros argumentos incuestionables.

En consecuencia, invitamos a nuestros compatriotas que así lo deseen, a dirigirse al consulado de España en La Habana para hacer valer sus derechos utilizando estos argumentos y los que siguen.

Acreditación del tracto sucesivo en la línea genealógica

Todas estas son trabas podían subsanarse recurriendo simplemente la acreditación del tracto sucesivo en la línea genealógica, lo que es fácil de conseguir aportando las oportunas certificaciones de nacimiento, en su modalidad extensa, que incluye a los abuelos paternos y maternos. A falta de certificación del Registro Civil, bastaría, en el caso de los católicos, una partida de bautismo, que igualmente incluye a los padres y los abuelos.

Este mismo procedimiento podría aplicarse a todos los cubanos o puertoriqueños descendientes de los españoles, peninsulares o insulares, pues las constituciones españolas nunca han contemplado no contempla distinciones entre españoles por su nacimiento en la península e islas adyacentes o en Virreinatos, Capitanías o Provincias de Ultramar.

En caso de rechazo, se puede argumentar que la constitución vigente, que anula las anteriores, contempla la imposibilidad de que el Gobierno pueda privar de la nacionalidad española de origen, que es la que tienen todos los descendientes de españoles de 1898, nacidos en Cuba, Puerto Rico o Filipinas.

En cuanto a la petición de documentación, simplemente aclarar que el NO ES NECESARIO APORTAR LOS DOCUMENTOS QUE OBREN (O DEBAN OBRAR) EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN, COMO SON LOS REGISTROS CIVILES, QUE SON REGISTROS ADMINISTRATIVOS A TODOS LOS EFECTOS, BAJO LA TUTELA DIRECTA DEL JUEZ DEL LUGAR.

Como el Regisro Civil comenzó su funcionamiento en 1870, el Consulado General de La Habana NO PUEDE NI DEBE EXIGIR DOCUMENTOS QUE DEBAN OBRAR EL REGISTRO CIVIL DE LA ISLA COMPRENDIDOS ENTRE FEBRERO DE 1870 Y LA FECHA DE CONSTITUCIÓN DE CUBA COMO NACIÓN IDEPENDIENTE O EMANCIPADA DE ESPAÑA.

Con menos razón, de los que deban obrar en los Registros Civiles de la península.

Es consecuencia directa de la aplicación del artículo 35 f) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. «BOE» núm. 285, de 27/11/1992. Entrada en vigor: 27/02/1993. Departamento: Jefatura del Estado.

Añadidos por Diego López Ordónez, abogado.

 

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