El papel de ‘Marielita Castrón itinerante’, se lo ha asignado el Partido Comunista Cubano para lavar la cara del régimen dictatorial que su tío y padre han perpetuado por caso 60 años. El chollo, -que además de hacerla pasar por una niña buena, la permite recolectar un número considerable de subvenciones internacionales, que van a parar, como las remesas de Miami, sueldos del personal cooperante, y el resto del dinero que circula en Cuba, a las arcas de la ‘cosa nostra’ Biraní-, anda de capa caída desde que llegó la nueva administración norteamericana de D. Trump, bien decidida a dificultarle un poco la vida a los mangantes robolucionarios.

Es por eso, que Doña Mariela va a dar conferencias a países que por conveniencia, por ideología o simplemente, por mala hostia le hacen un poco de caso. El resto del mundo civilizado ya no se cree el cuento de una Castro con faldas modernizadora. Estamos esperando el momento en que de verdad se le impida circular con la libertad que lo hace por el mundo libre, cuando el resto de sus conciudadanos no puede hacerlo.

El caso es que, la señora Castro cuando se le da la oportunidad mete la pata, convencida como está, al igual que sus parientes de hacer el bien por ‘su pueblo’. Así pues, no duda en insultar a la prensa, fuera de su finca, tratando a un periodista de “moco pegao” o, como acaba de hacer, exigir que expulsen de una conferencia, que tenía acceso libre, programada en Valencia esta semana a un grupo de profesionales del portal digital Cibercuba.

Para Carlos Cabrera Pérez, un cubano naturalizado español, residente en España desde hace algunos años -y que ha incursionado con éxito en la enrevesada política Peninsular- el problema no se sitúa en la actitud de la hija de Raúl Castro, sino en el hecho incomprensible que la misma se produzca en un país libre sin que las autoridades encuentren algo que reprochar a la señora Castro Espín.

“El problema es cuando representantes de un Estado democrático como son el gobierno valenciano y el ayuntamiento de la capital autonómica prestan instalaciones públicas y toleran esos comportamientos totalitarios”, asegura Cabrera en sus redes sociales.

No es un secreto para nadie que desde hace años España se ha convertido en el patio trasero del régimen de La Habana. Aquí sus agentes secretos, y lo que no lo son tanto, trabajan en la sombra, y por las claras, a favor de una dictadura sanguinaria. Justificando todos sus excesos totalitarios en nombre de una real política que, por fortuna, parece haber enterrado el amigo americano, que no duda, cuando le da la gana, en encarcelar a cualquier dignatario extranjero que se atraviese en el camino de su seguridad nacional, como acaba de ocurrir hoy con la heredera del conglomerado chino Huawei. ¿Para cuando con los negreros españoles que comercian con La Habana?

Si ya es inadmisible que Mariela Castro venga a España y sea recibida por las autoridades españolas, como lo ha hecho el alcalde de Valencia, Joan Ribó, como si se tratase de una figura destacada y honorable, resulta intolerable que sus agentes maltraten a la prensa en un acto público, tal y como lo ha denunciado el portal CiberCuba, bloqueado por La Habana.

Luis Manuel Mazorra, uno de los periodistas implicados en el suceso describe escenas surrealistas como que “Uno de estos jóvenes que se comportaban como séquito férreo de la Castro comenzó a tomar fotos de mi cara, del videorreportero y del periodista de CiberCuba, de los tres. Yo le dije que eso no lo podía hacer. Ante su indiferencia decidí llamar a la policía”.

Los periodistas creyeron que los asistía su derecho, pero la policía hizo muy poco para defenderlos ante la turba agresiva: “Cuando llegó la policía, el jefe del equipo de seguridad, que se mantuvo en todo momento como jefe de operaciones, impartiendo órdenes y dictaminando quién o quiénes “enfrentaban” a los periodistas de CiberCuba, se enzarzó a su vez en una discusión con las autoridades. “Tuvieron que frenarlo, aseguran. Tuvieron que decirle que en las leyes del país ellos no podían expulsarnos a menos que tuvieran efectivo un derecho de admisión que no tenían, y que tampoco podían tomarnos esas fotos con intenciones intimidatorias”, pero no se lo llevaron preso, ni lo multaron por violar la ley.

Esto es España en 2018.

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