Washington no apoyará a los cubanoamericanos que perdieron sus propiedades antes de tener la ciudadanía estadounidense

El Estado cubano no tiene dinero para pagar a los viejos propietarios

 

La Comisión de Resolución de Reclamaciones en el Extranjero de los Estados Unidos (FCSC por sus siglas en inglés) exige a Cuba el pago de ocho mil millones de dólares, mil 800 millones por las propiedades nacionalizadas en los años 60, más los intereses acumulados durante estos años.

Ese es uno de los temas que tendrán que discutir ambos gobiernos en el camino hacia la normalización de las relaciones. Y no será difícil de solucionar, puesto que también Cuba tiene una larga lista de demandas por los costos de medio siglo de embargo.

Las autoridades cubanas acusan al bloqueo económico de haber provocado “perjuicios por más de 116 mil 880 millones de dólares norteamericanos”(1). Y EE.UU. acaba de desclasificar un documento sobre las “represalias económicas y acciones de sabotaje” de la CIA contra la Isla (2).

Cuantificar los daños por las acciones violentas y de bloqueo, organizadas o apoyadas por EE.UU. y equipararlas a las pérdidas estadounidenses por las nacionalizaciones, sería una negociación de nunca acabar, así que, seguramente, ambas naciones optarán por terminar la partida en tablas.

Tal vez, previendo eso es que la FCSC solo ha certificado los casos de ciudadanos o compañías de EE.UU., obviando las demandas de los cubanoamericanos. Esto deja sus reclamos sin ningún respaldo internacional para negociar con su país de origen.

Así se desinflan las pretensiones de que Washington apoye a los cubanoamericanos que perdieron sus propiedades antes de tener la ciudadanía estadounidense, lo cual hubiera podido ser uno de los mayores escollos para la normalización de las relaciones.

El 80 por ciento de las reclamaciones estadounidenses son de empresas con las cuales es posible negociar deuda por ventajas de inversión, algo que el pragmatismo norteamericano aceptará, sobre todo, proviniendo de una contraparte que no puede ni se siente obligada a pagar.

Además, a pocos les debe interesar la devolución de empresas descapitalizadas, a veces en ruinas y tecnológicamente atrasadas. Las compañías telefónicas, por ejemplo, parecen más interesadas en hacer negocios que en hacer reclamos.

Sin embargo, el problema de las propiedades decomisadas a los cubanos que abandonaron el país es más complejo y podría crear un conflicto social de dimensiones y gravedad sin precedentes entre los emigrados y los residentes en la Isla.

Al triunfo de la Revolución, los ricos dejaron a familiares y sirvientes al cuidado de sus casas, mientras se iban a Miami Beach a esperar que EE.UU. les “solucionara el problema”. Pero la ley de Reforma Urbana se les adelantó y convirtió a los “cuidadores” en propietarios.

Estos trajeron a sus familiares del interior y convirtieron la rica mansión en un solar (cuartería) o la permutaron por varias más pequeñas a particulares o al Estado, interesado en convertir algunas de ellas en instituciones, embajadas o centros turísticos.

Durante décadas, el cubano que abandonaba el país perdía sus propiedades, incluyendo la casa, práctica que acabó la nueva ley migratoria promovida por Raúl Castro. Ahora es suficiente visitar la Isla una vez cada dos años para que se les reconozcan sus derechos como propietarios.

Medio siglo de confiscaciones, ventas del Estado y permutas, crearon una liada madeja, imposible de desenredar. Muchísimos cubanos viven hoy en casas que fueron expropiadas, pero por las que ellos pagaron al Estado o entregaron su casa a otro particular en forma de permuta.

Algo similar ocurre con las tierras confiscadas y entregadas a campesinos privados, cooperativas o en usufructo gratuito. ¿Qué guajiro aceptaría, sin protestar, que le quiten las tierras o lo obliguen a pagar un alquiler por ellas? ¿Quién se conformaría?

El Estado cubano no tiene dinero para pagar a los viejos propietarios o a sus descendientes, por lo que solo quedaría la opción de comenzar una nueva y masiva campaña de expropiaciones, lanzando a muchas familias a la calle o al camino real.

La posición de la Comisión de Reclamaciones de EE.UU., además de legal, es lógica, si se quiere evitar un conflicto social de gran magnitud; porque si en el pasado las expropiaciones afectaron a una minoría, ahora significaría dañar a la gran mayoría de los ciudadanos.

Mucho se habla hoy de reconciliación entre los cubanos de dentro y de fuera, pero para alcanzarla habrá que priorizar los intereses de la nación por encima de los personales. Será necesario entender que no se puede caminar hacia adelante mirando para atrás.

Fernando Ravsberg, Cartas desde Cuba.

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