Otro ‘sablazo’ fiscal

PP y C’s pactan subir el gasto en 28.500 millones y otro ‘sablazo’ fiscal de 15.000 millones a las empresas

  • El acuerdo de investidura recoge un aumento de gasto de 8.000 millones al año durante la legislatura, pero su financiación es más que dudosa.

Fuente: LD

El pacto de investidura que firmaron este domingo PP y Ciudadanos recoge un total de 150 medidas, de las cuales una gran número están centradas en temas económicos. Y dentro de este bloque, el acuerdo alcanzado en materia presupuestaria se puede resumir en más gasto público y más impuestos. En concreto, el texto incluye un incremento total del gasto público de28.500 millones de euros entre 2017 y 2020, cuya financiación, en teoría, se cubrirá con aumento de la recaudación de 29.000 millones.

El problema, sin embargo, es que este nuevo compromiso de gasto contradice o, como mínimo, dificulta aún más el cumplimiento de los objetivos de déficit marcados por Bruselas, sobre todo si se tiene en cuenta que la previsión de ingresos que incluye el texto es muy endeble.

Por el lado del gasto, PP y C’s acuerdan elevar el gasto público en 28.500 millones a lo largo de la legislatura: 5.000 millones en 2017 y cerca de 7.800 extra durante los tres ejercicios siguientes. El grueso del gasto iría destinado al nuevo “complemento salarial garantizado”, a unos 2.000 millones extra al año, y al “Plan contra la Pobreza Infantil”, dotado con otros 1.500 millones al año.

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A continuación, se recogen las medidas que concentran los principales incrementos de gasto:

– Complemento salarial garantizado: “Establecer un impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas en forma de Complemento Salarial Garantizado, que mejore los ingresos de los trabajadores, considerando su jornada laboral y su renta, y sus condiciones y patrimonio familiar”.

– Programa de activación de empleo: “Aumentar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo”.

– Plan de refuerzo educativo: “Para luchar contra el fracaso escolar, dirigido a los centros educativos que cuenten con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos, con el objetivo de trabajar por una educación inclusiva que atienda a todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos centros podrán acceder a una financiación adicional para mejorar sus programas de atención a la diversidad o contratar profesores de apoyo adicionales. La financiación se mantendrá si el centro muestra mejoras en sus niveles de desempeño educativo y si reduce sus tasas de repetición y abandono escolar”.

– Ampliación y equiparación de permisos de maternidad y paternidad: “Ampliación progresiva de la duración del permiso de paternidad, 4 semanas el primer año y 4 semanas el segundo año, con el objetivo de su igualación”.

– Sistema de Dependencia: “Recuperar la financiación anterior a 2012 para los servicios de Dependencia”.

– Plan contra la pobreza infantil: “Que refuerce los Fondos creados desde 2014, incrementando su dotación. Impulsar la elaboración de planes autonómicos y locales de infancia y adolescencia”.

– Red de transferencia tecnológica: “Esta red estará formada por institutos tecnológicos para investigación aplicada, con financiación mixta público-privada. Cada instituto estará ligado a una universidad u otros centros de investigación. El director del instituto será una figura investigadora destacada en el área. Se financiará en un 60% con fondos públicos, un 30% con fondos privados y un 5% con becas internacionales. Los fondos privados serán la contrapartida al desarrollo de contratos de investigación con empresas. Se aplicarán criterios de evaluación de resultados y la retribución se ligará a la efectividad de las investigaciones y proyectos acometidos”.

– Plan de lucha contra el fraude fiscal: “Incrementar los recursos de la AEAT [Agencia Tributaria] hasta equipararlos a los países de nuestro entorno. Se creará una Oficina de Control de Grandes Fortunas en la AEAT para reforzar sus medios de lucha contra el fraude fiscal.

Subida de impuestos

Por otro lado, puesto que el pacto contempla explícitamente la necesidad de cumplir con los nuevos objetivos de déficit marcados por Bruselas, PP y C’s acuerda cubrir estos aumentos de gasto mediante un incremento de la recaudación de unos 29.000 millones de euros a lo largo de la próxima legislatura: 5.000 millones extra en 2017 y otros 8.000 anuales hasta 2020.

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Sin embargo, la principal medida recaudatoria consiste, básicamente, en un nuevo sablazo fiscal a las empresas, ya que casi la mitad del aumento del gasto procedería de la recaudación extra prevista en el Impuesto de Sociedades a través de la eliminación de deducciones y bonificaciones tributarias a las grandes empresas. En total, el pacto contempla un aumento fiscal de 15.000 millones de euros por este concepto a lo largo de la legislatura.

Por un lado, se acepta revisar el régimen de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre
Sociedades, tal y como ya anunció el PP, “con vistas a corregir la desviación temporal observada en la recaudación por el citado impuesto”. Y, por otro, se contempla reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades “en un plazo máximo de tres meses” para “cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto, con el objetivo de aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los nominales para aproximar la recaudación a la media de la zona euro”. PP y C’s caen aquí en la extendida falacia de que las grandes empresas pagan menos impuestos que las pequeñas, lo cual, tal y como reflejan los datos oficiales de Hacienda, no es cierto.

El principal problema, sin embargo, es que el resto de medidas destinadas a incrementar la recaudación y reducir gastos con el fin de financiar las partidas anteriormente descritas carece de bases sólidas. Ambos partidos acuerdan revisar la amnistía fiscal de forma retroactiva para recaudar unos 1.300 millones extra, pero esta medida es inconstitucional, tal y como advierten numerosos juristas. Asimismo, los 6.000 millones extra procedentes de la lucha contra el fraude y los 7.000 derivados de la eliminación de duplicidades administrativas no están, en ningún caso, garantizados, de modo que se pondría en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit.

En este sentido, cabe señalar que Bruselas obliga ahora a reducir el déficit del 5% del PIB alcanzado en 2015 al 4,6% este año, al 3,1% en 2017 y al 2,2% en 2018. Incrementar el gasto confiando en un aumento de la recaudación más que dudoso amenaza con caer en nuevosa desvío presupuestarios.

Por último, entre otras medidas tributarias, el pacto recoge las siguientes:

  • El documento incluye una rebaja del IRPF en dos puntos, hasta situarlo entre el 18% y el 43,5%, pero sólo y cuando España haya alcanzado el objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB. Es decir, se retrasaría la bajada del IRPF que anunció el PP.
  • Dentro del ámbito de la reforma de la financiación autonómica, ambos partidos se comprometen a avanzar en la armonización de los tributos propios y cedidos a las comunidades para evitar discrepancias. Esto podría traducirse en subidas fiscales en aquellas autonomías que, como es caso de la Comunidad de Madrid, han eliminado de facto el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
  • También se pretende devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las Sicav. Además, se introducirán modificaciones en el régimen de las Sicav “para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva, computando, a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%.
  • Los autónomos cuyos ingresos reales no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional “no tendrán la obligación de cotizar”.
  • El texto también incluye un tipo reducido del IVA cultural, para sólo en los espectáculos en directo.

Hispanista revivido.