Sólo 0,2% de cubano-españoles pudo votar el 20D

Más de 118 mil estaban inscritos en el CERA en diciembre, sólo 237 consiguieron votar

 

¿Cuántos lo lograrán esta vez?

 

Como hemos venido informando a nuestros lectores, el padrón electoral en Cuba, o sea, los cubano-españoles inscritos en el CERA sobrepasa las cien mil personas, pero a pesar del interés y el patriotismo de nuestros compatriotas, poco más de 700 lograron “rogar” el voto.

La cantidad de residentes españoles en Cuba, es uno de los secretos mejor guardados por ambos gobiernos. Las cifras manejadas, sobrepasan ya las 180 mil personas, y si a ello le añadimos los 100 mil expedientes que duermen el sueño de los justos esperando tiempos mejores, estamos hablando de 300 mil individuos.

Con más habitantes que la Rioja, Cuba es hoy la provincia española número 38. A pesar de estas cifras vertiginosas, pocos políticos españoles se interesan por la suerte de esos nuevos compatriotas que la Constitución ampara.

Sabemos que dada la difícil situación económica que atraviesa la isla, muchos de ellos viven en situaciones de pobreza. Si a esto le añadimos la violación de sus derechos constitucionales, como es el de ejercer el voto; podemos considerar que nos enfrentamos a uno de los mayores escándalos de nuestra historia democrática reciente, ya de por sí bien cargada.

Muchas cosas se podrían hacer para ayudarlos, por ejemplo, facilitar su empleo por las empresas españolas que tienen negocios allí. Pero sobre todo, contratarlos como españoles que son sin pasar por La Habana, y remunerarlos en consecuencia. Pero antes de ponernos a soñar, al menos se puede exigir a los políticos, en particular a los nuevos grupos de izquierda que intentan formar gobierno, que interroguen al Consulado de España en la Habana, así como a las asociaciones de la isla que subvencionan las Comunidades Autónomas con los impuestos de todos los españoles, ¿cómo explican que sólo 327 hayan conseguido ejercer ese fundamental derecho en 2015?

Algo no funciona bien en nuestra democracia cuando más de cien mil personas deseosas de ejercer el derecho al voto no pueden conseguirlo por desidia, indiferencia generalizada e hipocresía gubernamental.