Uno de los casos más sangrantes y ejemplo de cómo la actual normativa está haciendo estragos en la participación política de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero es el de las Islas Canarias. Se trata de unas de las comunidades autónomas con mayor número de emigrantes. En concreto, en estas elecciones el censo de canarios en el exterior ascendía a 133.635 personas de las cuales casi el 80 por ciento, 105.284, residen en Cuba (43.605) y Venezuela (61.679).

No hay que ser un lince para saber que ambos países cuentan con un sistema postal realmente deficiente y que hace imposible la correcta aplicación de una normativa electoral como la española que fía buen parte de su eficacia al buen funcionamiento del sistema postal de terceros países. Hay que recordar que es un envío por correo -el que realiza la Oficina del Censo Electoral con el impreso oficial para el ruego del voto y la clave para realizarlo por internet- el que da inicio al ruego del voto y al posterior ejercicio del derecho. Si ese primer envío no llega en plazo, apaga y vámonos. Y eso pasa en estos dos países. La participación en Venezuela ha sido del 0,06 por ciento pues de allí se recibieron tan solo 35 votos de los 61.679 censados. Y la participación en Cuba ha sido del 0,04%, pues de la Isla caribeña se recibieron 19 votos de un total de 43.609 censados. Estos datos han provocado que la participación global en Canarias haya sido la más baja de todas las Comunidades Autónomas, de tan solo el 0,6 por ciento

Obviamente, son cifras que dan que pensar y que podrían animar al Gobierno o a la Junta Electoral Central, a tomar medidas extraordinarias -como las han tomado para otros lugares como Afganistán- para que no se vuelva a repetir un proceso electoral que, a la vista de los datos de la participación y las numerosísimas quejas de los implicados, más parece una pantomima falta de toda eficacia y rigor.

Cuando la aplicación de una ley provoca el efecto contrario al deseado, quizás sea el momento de cambiar la ley.

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