Lo que está siendo juzgado  no es el mandato de la Presidenta, sino el modelo implantado hace 13 años; y que fue el primero en la historia de Brasil en privilegiar políticas para favorecer a los trabajadores y a los más desposeídos

 

BRASILIA, mayo 6.— La comisión especial del Senado Federal brasileño aprobó por 15 votos contra cinco la admisión del pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, acusada de incurrir en un presunto crimen de responsabilidad, reportó PL.

Tal y como ocurrió la víspera, apenas iniciada la sesión de este viernes el titular del colegiado Ricardo Lira, se vio obligado a decretar una interrupción de cinco minutos para calmar los ánimos, ante las manifiestas divergencias expresadas por senadores de diferentes signos políticos.

En la jornada hablaron líderes de los partidos y bloques parlamentarios, así como el relator Antonio Anastasia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien insistió en que el análisis realizado en esta instancia se limita a reconocer «si existen o no indicios suficientes» para proseguir con el proceso de impeachment.

Al intervenir, el senador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Lindbergh Farías ratificó que el pretendido enjuiciamiento de la mandataria por crímenes que no cometió constituye un golpe a la democracia, y anticipó que irán a la votación en el plenario con la frente en alto, pese a lo que llamó «festival de traiciones».

Por su parte, el líder del Gobierno en el Senado, Humbero Costa, denunció que se llevó adelante un proceso absolutamente viciado por el desvío de poder ejercido por el extitular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien admitió la denuncia contra Dilma en venganza contra el PT.

Cunha fue suspendido del cargo la víspera por el Supremo Tribunal Federal por recibir cinco millones de dólares en sobornos por su mediación en la contratación de dos navíos sonda para la petrolera estatal Petrobras junto al vicepresidente Michel Temer, otro de los impulsores del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff.

El proceso contra Dilma —dijo Costa— es un intento de subir por la rampa trasera y entrar por la puerta del fondo al Palacio de Planalto (sede de la Presidencia de la República).

Costa consideró, además, que se está banalizando la figura del impeachment y aseveró que el relator del proceso practicó un verdadero «contorsionismo jurídico» para tratar de justificar lo que no tiene justificación.

En nombre de los legisladores del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Vanessa Graziotini señaló que la denuncia presentada contra Dilma no vino de la ciudadanía, sino de la sede del PSDB, que pagó 45 000 reales (cerca de 13 000 dólares) por ella.

Lo que está siendo juzgado, sostuvo, no es el mandato de la Presidenta, sino el modelo implantado hace 13 años; y que fue el primero en la historia de Brasil en privilegiar políticas para favorecer a los trabajadores y a los más desposeídos.

Aprobada la relatoría, esta pasará a la consideración del plenario del Senado Federal, que deberá debatirla a inicios de la próxima semana para someterla a votación el día 11, cuando se decidirá —también por mayoría simple— si se inicia o no un juicio político contra Dilma Rousseff, agregó Prensa Latina.

De recibir el visto bueno del pleno senatorial, la Jefa de Estado será apartada de sus funciones hasta por 180 días, en espera del resultado del juicio, que será encabezado entonces por el presidente del Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski.

La presidenta Dilma Rousseff manifestó este viernes que el golpe de Estado en marcha atenta contra las conquistas sociales de los últimos 13 años, aseveró que resistirá hasta el final y no renunciará, ya que si lo hace dejará «enterrada la prueba clara de un golpe que no tiene basamento legal y cuyo objetivo es ir en contra de los logros adquiridos en los últimos años», apuntó AVN.

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