Panorámica del VI Mandato del Consejo General.

  • Este periplo legislativo, iniciado algo antes del comienzo de este Mandato, ha sido testigo del mayor hundimiento de derechos fundamentales de los españoles en el exterior.

Por: Ángel Capellán Gonzalo, Presidente, Comisión de Derechos Civiles y Participación. Miembro, Comisión Permanente.

El V Pleno del VI Mandato del Consejo General pasó a la historia sin pena ni gloria. Algunas luces, muchas sombras, algunas lágrimas más que justificadas. Quién puede olvidar el clamor desolado de nuestro consejero de Venezuela, por las tragedias que están sufriendo los españoles en su país, con un regímenes tiránico totalitario, sin que haya solución a la vista. Se palpaba en el crepúsculo de este Pleno un sentido de decaimiento, sin que al parecer tengamos la visión y la ilusión de pasar la batuta a quienes nos sigan, a quienes puedan hacer una labor más consecuente en el siguiente. Se rechazaban propuestas ambiciosas de actuaciones comprometidas, en favor de pusilánimes documentos desleídos y sin garra.

¿No creen Vds. que hace falta una profunda regeneración del Consejo General como ya propuse en dos propuestas de fondo, un proyecto que más tarde o más temprano tendrá que llevarse a cabo?

A decir verdad, luchábamos contra viento y marea, a contracorriente.

Los vientos huracanados empezaron desde su mismo inicio, allá por octubre de 2012 en Santiago de Compostela. Algo que nunca debiera haber ocurrido ocurrió. El Presidente confirmado por el Pleno dimitió a los tres días. Y el Consejo General, decapitado, fue arrastrado por el fango por ciertos tipos de prensa. No tanto la roja, ni la rosa, sino la prensa de negros tintes de resentimientos injustificados, que se ceba a menudo en personas honradas y dedicadas. Testigos fuimos de tristes espectáculos cainitas de quienes arremetieron con comentarios injuriosos contra quien había caído. Se cebaron en los consejeros generales que hacen su labor dedicada—amén de no remunerada, algo que pocos reconocen porque no interesa.

Después de Santiago, parece que hacíamos un Camino a la inversa, alejándonos de nuestras metas. ¿Cómo se puede esperar que una persona—con toda su buena voluntad, interés y dedicación, pero totalmente abrumada ya con el peso de un elevado puesto en el Ministerio—vaya a añadir a sus numerosas responsabilidades la de llevar las riendas del Consejo durante un año? Desempeñó su responsabilidad airosamente y con la eficacia que se puede esperar de una “misión imposible”.

En fin, el Consejo sobrevivió su crisis interna y siguió su camino. Al año, se propuso y ratificó a un nuevo presidente que tomó las riendas y nos llevó adelante.

Con todo, cómo podríamos olvidar que este Mandato fue el segundo de la Gran Crisis Española. Crisis de gobierno, crisis de finanzas, crisis de presupuestos, y hasta de instituciones. La espada de Damocles de la incertidumbre nos amenazaba continuamente. Sí podríamos poner nuestras miras altas, pero con poca esperanza de logros reales.

Quién puede dudar que todo ello contribuyó a que nuestras grandes propuestas fueran pronto convirtiéndose más bien en “ilusiones perdidas”, con pocas posibilidades de éxito.

Pronto advertimos que se imponía una revisión del Reglamento. Pero al entrar en ella, nos topamos de inmediato con otra realidad. Estábamos abriendo la Caja de Pandora. Lo necesario era una revisión del Real Decreto, y una revisión a fondo. Con todo, en este empeño, tan solo encontramos puertas cerradas.

Todos habíamos pasado por la dura experiencia de las desastrosas elecciones de los CRE de 2011, carrera institucional de obstáculos como hay pocas, con resultados de participación decepcionantes. Quién puede participar si los electores simplemente no saben que hay elecciones por un fallo claramente sistémico de ese sistema electoral. Se imponían soluciones. Hacían falta reformas de fondo.

Otra vez más, ilusionados, emprendimos el proyecto de modificación de la normativa de los CRE. Pusimos en marcha un Grupo de Trabajo para este propósito. Desarrollamos un extenso documento de modificación del Real Decreto y de la Orden Ministerial que clarísimamente eran el origen y la causa, tanto de la ineficacia del sistema electoral de los CRE como de la misma problemática que arrastraban desde hacía muchos años. Nunca nos faltaron soluciones a estos problemas. Este documento estaba repleto de ideas innovadoras, de caminos a seguir, de reformas posibles. Pero el Gobierno no se ocupó ni por un momento de la posible modificación del Real Decreto o de la Orden Ministerial. Respondió a ese gran proyecto mayormente con evasivas, porque en definitiva el Gobierno había puesto sus miras en sacar a España de la Gran Crisis. El Consejo y los CRE, y digamos, la emigración eran temas menores.

Y de paso, un no pequeño rayo de luz. El Ministerio de Empleo consiguió mayormente mantener las ayudas a los más necesitados.

Y qué digamos de los temas legislativos, y de los derechos de los españoles en el exterior. Este periplo legislativo, iniciado algo antes del comienzo de este Mandato, ha sido testigo del mayor hundimiento de derechos fundamentales de los españoles en el exterior. Los primeros meses del año 2011 vimos impávidos la imposición, como férrea mordaza y pesada losa, de una nefasta Ley Electoral. Era una verdadera hecatombe que sin piedad ni compasión destruía la participación electoral de un colectivo de dos millones de españoles. Era una aberración anticonstitucional pues la Constitución Española mandata exactamente lo contrario de lo que nuestro eximio Parlamento Español llevó a cabo. Y asombrémonos, lo hacían plenamente conscientes de lo que esa ley sin norte, sin corazón, sin compasión, y sin un mínimo sentido democrático imponía a un gran colectivo de españoles.

Pero ¿no era esa la meta que se habían propuesto? Temor y pregunta totalmente válidos. Porque no dudo por un instante que debamos conceder que los diputados de nuestro Parlamento son gente sumamente preparada en temas legislativos, que son altamente conocedores de las leyes y del impacto que puedan tener. Por mi parte, y creo que casi todos en nuestro Consejo General, debo concluir que son gente “que saben lo que hacen”. ¿No deberemos pues concluir también que, al elaborar y proclamar la nueva Ley Electoral de 2011, sabían lo que hacían y querían lo que esta ley iba a perpetrar? Cada uno que saque sus conclusiones.

Todo esto sea dicho porque esta fue también la época más destacada quizá de nuestro Consejo General. Fue su batalla más gloriosa, su lucha más reñida, por mucho que el resultado fuera la derrota más sonada, pero la más honorable. La lideró y llevó a cabo el V Pleno en su periplo final, y recogió la seña el VI Mandato en sus albores para seguir luchando con denuedo. En los dos primeros años de este Mandato que ahora acabamos, se aprobaron declaraciones, acuerdos contundentes, se pidieron sesiones con el Congreso de los Diputados. Se palpaba una indignación y un fervor poco comunes. Nos llegaban los ecos—no, diría, más bien, las desgarradas protestas desde todos los rincones de la emigración. Mas poco contaba todo ello para quienes estaban “en otras labores”.

Alguna luz se encendía para desvanecerse de nuevo. Se abría alguna puerta para cerrarse enseguida. Como rayo de esperanza, la Secretaria General del Ministerio consiguió que la Comisión Permanente tuviera audiencia con los tres grupos parlamentarios. Sí, nos oyeron. ¿Pero es que querían escucharnos y llevar a cabo correcciones de ese desintegrador voto rogado impuesto a nuestro colectivo? Simplemente dicho, creo que no.

Durante toda una legislatura, casi coincidente con este Mandato, se nos seguía oyendo lejanamente, pero, cada vez más, tanto el Gobierno como el Parlamento desoían nuestras peticiones, desestimaban nuestras reivindicaciones, ignoraban nuestras quejas o a veces nuestra justificada ira. El voto rogado seguía como pesada losa que enterraba nuestros derechos electorales.

Los huracanes antidemocráticos y discriminatorios estaban en nuestra contra. Un Gobierno y toda una Legislatura estaban dispuestos a mantener impertérritos una de las leyes más antidemocráticas que se han proclamado en nuestra época supuestamente democrática.

Teníamos de nuestro lado a una Dirección General que sin lugar a duda eran nuestros mejores aliados. Pero, a la vez, teníamos un Gobierno que estaba en otros asuntos.

Y, de igual manera, el Consejo General, año tras año, seguía reivindicando correcciones del Código Civil en materia de nacionalidad, modificaciones necesarias y urgentes. Y seguía reclamando  repetidamente, con insistencia pertinaz, una verdadera Ley de Nacionalidad, que todo país democrático tiene, pero que no tiene España (¡asombrémonos!)

Y así fue avanzando nuestro VI Mandato. Entre luces y sombras. Entre esperanzas y decepcionantes reveses. Entre alguna puerta que se abría, pero otras muchas que se cerraban.

Y sí, una puerta sí que se abrió, y mucho más de lo esperado. Ante una de esas enérgicas declaraciones en favor de una Ley de Nacionalidad que la Comisión de Derechos Civiles y Participación preparó y que el Pleno de junio de 2013 aprobó, el Ministerio de Justicia, nos oyó, nos escuchó y, admirémonos, actuó—cierto, que con cautela. En septiembre de 2013 en su extensa respuesta (de la que ya he escrito más ampliamente en otro documento) al acuerdo del Pleno, el Ministerio le propuso al Consejo General, y por ende, a la Comisión Delegada de Derechos Civiles que pusiera manos a la obra y desarrollara ese proyecto de Ley de Nacionalidad, y una vez preparado se lo presentara. Indudablemente era una encomienda de gran envergadura y de amplio recorrido.

Quizá, aunque no del todo evidente, éste sea uno de los logros más importantes de este Mandato. La Comisión Delegada puso manos a la obra y formó una Subcomisión de Nacionalidad que trabajó durante un año más bien intenso. Pero llegó el histórico 2016 en que el Gobierno era desgobierno y las sucesivas elecciones generales corrían el peligro de convertirse en el espectáculo principal del país. Se instauraba un régimen de lo que podríamos llamar “Legislatura Breve I”, “Legislatura Breve II”, etcétera, con mucho teatro y sin que llegara a alumbrar ninguna ley.

Tanto la Subcomisión de Nacionalidad, como las comisiones delegadas, se reunían y proponían acuerdos ilusionados, todavía con esperanza. Pero la respuesta era un sordo silencio. Ni siquiera había eco.

No podemos ignorar la valiente labor de la Comisión de Educación y Cultura. Sus clara visión, sus análisis evidentes, sus acuerdos bien fundados para corregir el curso desestabilizador de las llamadas clases semipresenciales, en el extenso programa de lengua y cultura, eran sistemáticamente desoídos. Qué podemos decir de la imposición de esa práctica que exige, incluso a los más pequeños, que sus tres horas de instrucción previas pasen a ser hora y media en clase, y que la otra hora y media sea por Internet.

Hasta entonces la sesión de tres horas había estado en las expertas manos de los profesores que la impartían. En adelante—y nada ha cambiado hasta la fecha—esta sesión de hora y media en línea, cae de lleno en manos de los padres a quienes se les exige que la supervisen y que sigan la actividad de sus hijos. Gran innovación. Gran golosina revestida de tentador chocolate que oculta la amarga píldora. Son muchas las pretendidas ventajas las que se alegan. Pero la realidad es que la enseñanza presencial es insustituible. Y lo que se ofrece es tan solo un sucedáneo; una actividad complementaria que pretende considerarse experiencia educativa primaria.  No lo es.

Y de nuevo, no lo dudemos, pues es algo clarísimo e incuestionable. El Consejo General y la Comisión de Educación no ha fallado en su misión. Ha tenido las ideas clarísimas. Su punto de mira ha sido el interés y beneficio de los hijos de nuestros emigrantes. Ha propuesto y defendido lo que indudablemente es justo y valioso. Que no lo lograra, no es culpa suya.

Podríamos seguir con las propuestas y reivindicaciones de las Comisión Sociolaboral y la de Mujeres y Jóvenes. Han sido propuestas sensatas, válidas y encaminadas a mejorar las vidas de los españoles en el exterior.

Ya casi al final del Mandato, conocimos un documento que cambia el rumbo de todas nuestras expectativas sobre el voto rogado. La Junta Electoral Central, como bien sabemos, ya se pronunció enérgicamente en contra el mismo, y en favor de implantar el voto electrónico en Internet. Y entre líneas, pudimos advertir que nos habían escuchado y nos habían hecho caso. Pues eso es lo que había propuesto el Consejo General desde hacía años.

No son de extrañar pues los sentimientos contradictorios, más aún opuestos, de muchos consejeros en el último Pleno. Muchos daban claras señales de un sentimiento de ilusión y de esperanza, a pesar de los pesares, de deseos de no tirar la toalla. Las señales e incluso declaraciones de otros consejeros eran de despecho, de decepción, de sentirse defraudados. Llegaban incluso a proclamar que el Consejo General no vale para nada.

Pero la evidencia esta entre medio. Sí que el consejo General vale para mucho; sí que es un órgano de representación para un colectivo cada día en aumento. Él es su única defensa, su único dique. Si no existiera, estaríamos mucho peor. Y sí consigue logros, y a la larga sus deliberaciones tienen consecuencias. No menos cierto es, sin embargo, que en su funcionamiento presente es ineficaz, no tiene la fuerza e impacto que debía tener. No tiene visibilidad alguna en el ámbito nacional. Solo una regeneración profunda le podría llevar a otro nivel.

Contra el despecho y la decepción, observamos también que Ministerios como el de Exteriores nos están oyendo, escuchando, y obrando. Está abriendo puertas cuando su Subsecretario se pronunció en favor de ampliar los directorios de correos electrónicos consulares y aceptar, con prudencia, comunicaciones de los CRE a la colonia española, así como su uso electoral. De igual manera, ofreció un fuerte y decisivo reto a los CRE para que inicien y establezcan con los consulados sus páginas web entroncadas en las páginas consulares.

Más cambios se nos anunciaron cuando nos hablaron de los extensos nuevos procedimientos informáticos para gestionar numerosas actividades del Gobierno Español. Pronto entrarán en vigor.

Sí, hay esperanza. Tratemos de prepararnos para el próximo Mandato con una fuerte dosis de esperanza, con un reforzamiento de nuestra dedicación valiente y una fuerte, entusiasta acogida de los que consejeros que sigan para con los que llegan nuevos.

Queda en el aire una importante propuesta que se presentó para que ese Primer Pleno del Nuevo Mandato sea de tres días. Una vez superado el protocolo, los formalismos, preámbulos, y gestiones prescritas, las comisiones delegadas que se establezcan deberían poner manos a la obra y dedicar un día entero a todas las propuestas que se hay presentado, y los temas que las mismas consideren de urgencia. Debería ser ya un Pleno de contenidos, de actuaciones y de acuerdos que las comisiones sometieran para aprobación.

Y debería ser un Pleno con visibilidad hacia los medios nacionales, con la rueda de prensa formal que ya se ha propuesto.

Hay ideas y actividades creativas que nos ayudarían a superar las mismas rutinas de siempre. Pero el trabajo responsable y dedicado es el que más nos llenará de entusiasmo y esperanza. Y ese es el que deberíamos llevar a cabo en el próximo Pleno.

El próximo Mandato tendrá una ingente tarea que espero tenga la valentía de llevar a cabo: Una profunda regeneración del Consejo General.

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